Los huracanes Eta e Iota y la covid-19 ponen en la palestra la adaptación y la reducción del peligro de desastre
“Este artículo es una publicación original realizada en la sección de Opinión del Periódico La Nación de Costa Rica, del 29 de noviembre del 2020. Acceso al artículo original Aqui”
Por: Andrea Vincent, Allan Lavell, Ana María Durán, Alice Brenes Maykall, Lenin Corrales, Pascal Girot y Omar Lizano miembros del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica (4C).
Los huracanes Eta e Iota golpearon a una Centroamérica que afrontaba la pandemia de covid-19, acarreando altos costos económicos y sociales especialmente para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
El impacto indirecto de huracanes en Costa Rica es común; no obstante, Otto, en noviembre del 2016, reveló la posibilidad de afectaciones directas en forma de tormentas tropicales de menor intensidad en múltiples ocasiones.
Los escenarios futuros sugieren un aumento en la frecuencia e intensidad de los huracanes e incertidumbre en cuanto a sus nuevas trayectorias.
Las pérdidas económicas asociadas a eventos extremos (fenómenos atmosféricos, sísmicos y volcánicos), sin contar los costos asociados a otros más recurrentes y de menor escala, se calculan en $2.210 millones entre el 2005 y el 2017 en infraestructura, servicios y producción.
Las pérdidas debidas a la influencia indirecta de Eta ascienden a $14,5 millones en daños en infraestructura y 325.000 afectados, lo cual agrava la crisis económica y fiscal preexistente y la vulnerabilidad de la población más pobre.
Incremento de la frecuencia. Lejos de ser una situación anómala esta combinación de amenazas probablemente marque un hecho cada vez más frecuente.
Los acuerdos internacionales sobre riesgo de desastres de Hyogo (2005) y de Sendái (2015) reconocen que en una sociedad cada vez más densamente poblada, globalizada e interconectada, el riesgo es sistémico y transciende las barreras de lo económico, social y ambiental.
Por ejemplo, el riesgo de enfermedades zoonóticas como la covid-19 aumenta con factores que incrementan la probabilidad de transmisión entre animales silvestres y humanos (p. ej. crecimiento poblacional, deforestación).
La pandemia no solo resulta de la transmisibilidad del virus, sino también de la interconectividad de un mundo globalizado.
Esta situación sistémica resalta pautas que no deben ser ignoradas en materia de gestión de riesgo. El huracán Eta trae a colación la adaptación y la reducción del peligro de desastre.
La respuesta nacional a Eta se caracterizó por medidas de gestión reactivas y de emergencia de gran costo, seguidas por medidas de recuperación, reconstrucción y compensación a un costo aún mayor.
Los acuerdos de Hyogo y Sendái insisten en la adopción de una gestión integral del riesgo que busque reducir ex ante e impedir la construcción de riesgo en el futuro. Se trata de invertir en la sostenibilidad y seguridad de los medios de vida y de la infraestructura, no solamente de la acción puntual pre y posimpacto.
El país no está preparado. En nuestra «estrategia país» se hace hincapié en estos elementos, pero falta lograr muchos mayores niveles de ejecución.
Esto implica la toma de decisión con base en evidencia científica y mejorías radicales en el uso de los recursos, ya que si a duras penas se atienden las amenazas climáticas actuales, ¿cómo vamos a enfrentar los impactos del cambio climático?
Costa Rica promueve la mitigación del cambio climático y la carbono neutralidad. Sin embargo, en un país cuyas emisiones globales de gases de efecto de invernadero alcanzan el 0,04 %, es preocupante que no haya una inversión similar para adaptación y reducción de la amenaza de desastre.
La prevención y el control de la creación de nuevo riesgo deben volverse parámetros medulares para el desarrollo de nuestro país. Las instituciones y organizaciones públicas y privadas que promueven y efectivizan el crecimiento económico y el desarrollo deben obligatoriamente incorporar mecanismos de análisis y evaluación de riesgo, y tomar las medidas necesarias para mantenerlo en niveles socialmente aceptables.
Costa Rica tiene múltiples precedentes en la gestión correctiva y prospectiva del riesgo, como la prohibición del uso de adobe después del terremoto de Cartago (1910), la reforestación de las pendientes del volcán Irazú tras la erupción (1963) y el exitoso reasentamiento de Chinchona (2009).
Esto nos demuestra que sí es posible dar ese salto. En Centroamérica, Eta e Iota, Otto (2016), Nate (2017), Mitch (1998) y Joan (1988) nos enseñaron que los desastres y el riesgo que los antecede no son naturales, sino socialmente construidos. El costo de no actuar acorde con estas lecciones será muy caro.
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